Terrorismo

 

1.     INTRODUCCIÓN

 

El terrorismo en el Perú ha dejado una profunda huella en la historia del país, especialmente durante las décadas de 1980 y 1990. Organizaciones como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) sembraron violencia, miedo e inestabilidad, afectando no solo la seguridad nacional, sino también en cuanto lo social, político y económico de la nación. Aunque han pasado varios años desde el periodo más peligroso, las consecuencias de esta época siguen vigentes, recordándonos la importancia de la defensa de los valores democráticos. Como estudiantes universitarios, es fundamental conocer este capítulo para entender el presente del Perú y asumir un rol activo en la construcción de un futuro más justo y pacífico.

 

Consideramos que la importancia de estudiar el terrorismo en el Perú es centrada en la necesidad de formar ciudadanos críticos, informados y comprometidos con la democracia. Como futuros profesionales y líderes, los universitarios debemos comprender los factores que dieron origen a estos movimientos violentos, sus impactos en la sociedad y los esfuerzos posteriores de reconciliación y justicia. Solo así podremos contribuir a fortalecer el Estado de derecho, promover el respeto por los derechos humanos y evitar que episodios de violencia política se repitan. Además, este conocimiento nos permite valorar la participación en la vida democrática como pilares esenciales para el desarrollo del país.

 

 

2.     INFOGRAFÍA SOBRE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

 

 

3.     DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

 

La masacre de La Cantuta, ejecutada por el Grupo Colina, un grupo paramilitar vinculado al Estado, en 1992, es uno de los actos más graves cometidos durante el conflicto interno en el Perú y refleja cómo, bajo el pretexto de combatir el terrorismo, se violaron brutalmente los derechos humanos. El secuestro, tortura y asesinato de nueve estudiantes y un profesor, sin proceso judicial ni pruebas, muestra el uso del aparato estatal para eliminar opositores o críticos, todo bajo la excusa de la seguridad nacional. Este acto no solo evidencia un crimen de lesa humanidad, sino también el quiebre de la legalidad y el respeto básico por la vida humana.

 

Como jóvenes universitarios, la masacre de La Cantuta resulta especialmente dolorosa y alarmante, y revela cómo el poder, cuando se ejerce sin límites ni respeto por la vida humana, puede destruir no solo a individuos, sino también la confianza de una sociedad entera. Ver cómo estudiantes, como nosotros hoy, fueron secuestrados y asesinados solo por ser críticos o políticamente activos demuestra el enorme riesgo que implica vivir en un país donde no se respeta la libertad de pensamiento ni los derechos fundamentales. Este caso simboliza la lucha contra la impunidad y la necesidad de la educación como herramienta para desafiar narrativas manipuladoras. Reconocer la importancia de la memoria colectiva es fundamental para evitar la repetición de este tipo de masacres y otras violaciones de derechos humanos. La lucha contra el terrorismo no puede justificar la desaparición de estudiantes y profesores inocentes. La justicia y los derechos humanos deben ser principios inquebrantables, incluso en los momentos más oscuros. Recordar La Cantuta no es un acto de revancha, sino un compromiso con la verdad, la memoria y la dignidad de aquellos que fueron silenciados injustamente.

Durante el conflicto armado, el terrorismo golpeó al Perú con crueldad y miedo. En lugar de proteger a su gente, el Estado respondió con más violencia, rompiendo las leyes que debía respetar. La masacre de La Cantuta demuestra que el terror no se combate con más abuso ni con crimen. Cuando un país permite que se mate en nombre del orden, pierde su rumbo y su dignidad. Recordar lo sucedido en el país resulta crucial para comprender que la justicia no puede tener excepciones ni excusas.

 

Este hecho es significativo para la reflexión sobre los derechos humanos, ya que en la masacre de La Cantuta se vulneran ocho derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la vida, la integridad personal y la libertad personal, debido a la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de diez personas. Por lo cual, La Cantuta no es solo un recordatorio de lo que ocurrió, sino un llamado urgente a que como sociedad defendamos los principios de justicia, respeto a los derechos humanos y la democracia.

 

 

4.     EVALUACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CVR

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomendó la creación de un Plan Integral de Reparaciones que incluyera diversas medidas como reparaciones simbólicas (reconocimiento público y actos de memoria), reparaciones en salud (especialmente en salud mental), programas de educación (incorporando la memoria del conflicto en la currícula escolar), restitución de derechos ciudadanos, así como reparaciones económicas y colectivas. Además, planteó la necesidad de implementar programas para combatir la marginación de las víctimas y garantizar la no repetición del conflicto.

Por consiguiente, el Estado peruano creó en 2005 el Plan Integral de Reparaciones, que contemplaba indemnizaciones económicas y procesos judiciales. También se incorporó el informe de la CVR en la educación secundaria, se establecieron fiscalías especializadas en derechos humanos y, desde 2019, se asignó presupuesto a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Asimismo, se lograron sentencias contra responsables de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido parcial y limitada.

Muchas víctimas sienten que no han sido reparadas adecuadamente debido a la lentitud y parcialidad en la ejecución de las reparaciones, la exclusión de ciertos grupos (como quienes formaron parte de organizaciones subversivas), el acceso incompleto a testimonios y a la memoria del conflicto, y la persistencia de la marginación social. Además, consideran que no se han realizado reformas profundas en los sectores de salud, educación ni en las estructuras estatales. La clase política y las Fuerzas Armadas reaccionaron con indiferencia y resistencia frente al informe de la CVR. Muchos sectores no se sintieron representados por el contenido del informe, que los interpeló directamente. A lo largo de los años, algunos gobiernos han evitado seguir las recomendaciones con rigor. Tanto las Fuerzas Armadas como varios partidos políticos rechazaron o minimizaron el informe, dificultando su aceptación y legitimación en la sociedad.

Por lo que el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) no ha tenido el impacto que se esperaba en la sociedad peruana. Aunque reveló hechos importantes sobre la violencia vivida durante el conflicto armado interno, gran parte de la ciudadanía ha mostrado indiferencia hacia sus conclusiones. En resumen, aunque el informe fue un paso importante, todavía queda mucho por hacer para que sus enseñanzas formen parte real de nuestra conciencia como sociedad peruana.

 

 

5.     CONCLUSIONES Y REFELXIONES

 

Los crímenes del terrorismo en el Perú revelan una compleja dualidad de violaciones a los derechos humanos, protagonizada tanto por los grupos terroristas como por el propio Estado. Por un lado, los actos de terrorismo perpetrados por grupos como Sendero Luminoso, que implementaron prácticas sistemáticas de tortura y ataques indiscriminados a la población, buscaron imponer un régimen ideológico a través del miedo y la violencia. Su estrategia de terror no solo fue una forma de imponer su pensamiento radical, sino también una táctica para provocar una respuesta violenta del Estado, exacerbando así el conflicto armado interno. Por otro lado, el Estado peruano,

al responder a estos ataques, también violó derechos fundamentales mediante leyes antiterroristas que no solo negaron el debido proceso, sino que permitieron torturas, desapariciones forzadas y la militarización de la justicia. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), esta estrategia de represión institucionalizó las violaciones a los derechos humanos, convirtiendo al Estado en un actor que, bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, también se convirtió en violador de derechos.

 

Para avanzar hacia una verdadera reparación y memoria histórica, se proponen varias medidas que incluyen la implementación de las recomendaciones de la CVR y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Estas propuestas buscan la abolición de residuales de la legislación antiterrorista que todavía permiten la jurisdicción militar para civiles y tribunales sin las debidas garantías procesales. Además, se destaca la importancia de crear mecanismos interdisciplinarios que ayuden a reconocer a las víctimas de tortura estatal y brindar atención adecuada a las familias afectadas por estos crímenes.

 

A lo largo de la historia reciente del Perú, y especialmente en la década de los 90, se vivieron casos de terrorismo que marcaron al país de manera irreversible. El auge del terrorismo estuvo protagonizado por el Movimiento Sendero Luminoso, encabezado por Abimael Guzmán, cuya ideología, conocida como el "Pensamiento Gonzalo", condujo a la comisión de actos de violencia sistemática en nombre de una lucha revolucionaria. Aunque el grupo fue derrotado en 1997 con la captura de Guzmán y la exitosa Operación Chavín de Huántar, la pregunta sigue siendo si realmente se erradicó el terrorismo en el país. Aunque la ideología de esos movimientos parece haber desaparecido de las páginas de la historia, todavía existen grupos como el MOVADEF, que apoyan las ideas de Guzmán, lo que demuestra que el terrorismo sigue presente de diferentes formas y que esas ideologías “revolucionarias” no han desaparecido del todo.

El terrorismo en el Perú causó un daño irreparable: destruyó familias, fracturó comunidades y sembró el odio entre compatriotas. Los dos grupos más representativos, Sendero Luminoso y el MRTA, actuaron con tal crueldad que eliminaron cualquier posibilidad de diálogo y esperanza. Sin embargo, la respuesta del Estado no fue mejor, ya que utilizó métodos que traicionaron los principios democráticos y de derechos humanos que debía defender. El país pagó un alto precio por su miedo y su falta de justicia. El recuerdo de esos años debe ser una llamada de atención para rechazar toda forma de violencia y, sobre todo, para trabajar en la construcción de un país donde el respeto y la verdad prevalezcan por encima del poder.

 

Un caso emblemático que demuestra cómo el Estado se desvió de sus principios en la lucha contra el terrorismo es la existencia y actuación del Grupo Colina. Este grupo paramilitar, respaldado por altos funcionarios del Estado, perpetró crímenes como la masacre de La Cantuta. Estos actos no fueron eventos aislados, sino parte de una estrategia sistemática de represión. La masacre, que involucró la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de estudiantes y un profesor, muestra cómo el terrorismo de

Estado puede ser tan destructivo como el terrorismo de los grupos subversivos. Los crímenes cometidos por el Grupo Colina son una evidencia clara de que, en su lucha contra las amenazas internas, el Estado peruano no solo perdió el rumbo, sino que también destruyó los principios fundamentales que debía proteger.

 

Las propuestas para la memoria histórica y la reparación de las víctimas del conflicto armado en Perú incluyen varios enfoques clave:

1.     Implementación de las recomendaciones de la CVR: Cumplir con las sugerencias de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para asegurar la reparación de las víctimas y el esclarecimiento de la verdad.

2.     Cumplimiento de sentencias de la Corte IDH: Garantizar que el Estado peruano cumpla con las sentencias internacionales, incluyendo la indemnización y reconocimiento de la responsabilidad estatal.

3.     Abolición de la legislación antiterrorista residual: Derogar las leyes que permiten la jurisdicción militar para civiles y tribunales sin garantías procesales.

4.     Creación de mecanismos de atención interdisciplinaria: Establecer programas que brinden apoyo psicológico, legal y social a las víctimas de tortura y desaparición forzada.

5.     Educación sobre memoria histórica: Incluir en los programas educativos contenido sobre el conflicto armado para sensibilizar a las nuevas generaciones.

Es por ello que entender y denunciar estos hechos no es solo un acto de memoria histórica, sino una obligación ética para proteger el Estado de derecho y la dignidad humana, asegurando que crímenes como estos no se repitan jamás en nuestra historia.

 

 

REFERENCIAS

 

Amnistía Internacional Perú. (2024, 23 de abril). Estado peruano da la espalda a víctimas de violaciones de derechos humanos.

https://amnistia.org.pe/noticia/estado-peruano-espalda-victimas- violaciones-ddhh-2024/

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). (2024, 15 de noviembre). Graves retrocesos en derechos humanos y justicia en Perú: Ante la CIDH representantes de víctimas reiteran la urgencia de actuar ante Ley de Impunidad. https://cejil.org/comunicado-de-prensa/graves- retrocesos-en-derechos-humanos-y-justicia-en-peru-ante-la-cidh- representantes-de-victimas-reiteran-la-urgencia-de-actuar-ante-ley-de- impunidad/

 

Human Rights Watch. (2020). Informe Mundial 2020: Perú.

https://www.hrw.org/es/world-report/2020/country-chapters/peru

 

La República. (2021, 3 de noviembre). Masacre de Barrios Altos: el asesinato del Grupo Colina que aún conmociona al Perú tras 30 años.

https://larepublica.pe/sociedad/2021/11/03/masacre-de-barrios-altos-el- asesinato-del-grupo-colina-que-aun-conmociona-al-peru-tras-30-anos